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Ley de segunda oportunidad o de quiebra de personas, un fracaso

Ley de segunda oportunidad o de quiebra de personas, un fracaso

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Guía para pedir el concurso de acredores

¿Tiene varios inmuebles y ahora no puede pagarlos? ¿Su ex pareja no asume la parte de los créditos que tenían de casados y el banco le reclama el 100%? ¿Avaló personalmente su negocio que se va a pique o a su hijo para que comprase una vivienda que ahora no puede abonar? Para rescatar a particulares y autónomos cuando están con el agua al cuello, el Gobierno de Rajoy aprobó el año pasado la ley de segunda oportunidad. Una especie de quiebra para salvar a personas físicas de la insolvencia, incluida en la Ley Concursal, pero que hace aguas.

«Tiene poco de segunda oportunidad», critican desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA): «Abocan al emprendedor a ser improductivo el resto de su vida», apunta Antonio Amorrich, director de reestructuraciones de PwC ; «Se hizo deprisa y mal, con muchas modificaciones», añade, Javier Gómez Garrido, socio director de la firma de abogados que lleva sus apellidos y miembro de la red Eurojuris; «No es la panacea», reconoce Diego Comendador, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) y socio del despacho que lleva su nombre.

Los expertos consultados coinciden en que este articulado, impulsado por una directiva europea, es tan «restrictivo» en el caso de España que no sirve para lo que se legisló. Y es que, aquellas deudas con más peso en la economía doméstica y empresarial no se perdonan y, en consecuencia, persiguen al deudor el resto de su vida.

A saber, aquellas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, que son precisamente la mayoría que acumulan los autónomos, las hipotecarias o con garantía real, salvo que el banco decida ejecutarlas, y, en caso de divorcio, la manutención. ¿Cuáles quedan exoneradas? Aquellas facturas de la luz o del teléfono, de la tarjeta de El Corte Inglés, por ejemplo, o de la Visa, del crédito con el Cofidis de turno. Igualmente, la parte no cubierta en caso de que la vivienda salga a subasta, con permiso de la entidad financiera.

«Sobre el papel está muy bien esta opción, pero en la práctica se queda coja, porque si no te liberan del grueso de tu deuda, poco se puede hacer», reconoce Sonia Gimeno, socia del despacho especializado en concursos de acreedores, Antonia Magdaleno Abogados y Economistas.

Uno debe responder a las deudas con su patrimonio. Sin casa. Sin coche. Sin joyas. Sin… Sí, sin deudas -casi-, pero desplumado.

Las cifras demuestran que no es una opción que se contempla. Hace una década, justo un año antes del estallido de la crisis financiera, sólo se produjeron 68 concursos de personas físicas (particular y autónomo). Un año después, la cifra se duplicó. Conforme se agudizaban las turbulencias económicas el número fue creciendo hasta llegar a un máximo de 1.175 en 2012. Actualmente, suponen tan sólo el 16% de los concursos de acreedores. El resto corresponde a pequeñas y medinas empresas (pymes), principalmente, según un informe de PwC, con datos del BOE.

¿Quién puede beneficiarse?

Particulares y autónomos con deudas no superiores a cinco millones de euros. Deben acumular un retraso de tres meses en el pago de sus obligaciones con las arcas públicas y no abonar durante un período continuado facturas a diferentes operadores. Asimismo, la persona física tiene que ser insolvente de buena fe. Esto es: que su situación de impago no haya sido adrede, que haya tenido intención de pagar sus deudas, que haya tratado de negociar con sus acreedores un plan de pagos yque no haya cometido delito económico alguno.

Acuerdo extrajudicial

El procedimiento para acogerse a esa supuesta segunda oportunidad contempla dos fases. No son excluyentes, pero penaliza no pasar por el aro de la primera. Es decir, para ser considerado deudor de buena fe hay que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Así, para arrancar el proceso debe de acudir a un notario. El que quiera, y solicitar los servicios de un mediador que le ayude a llegar a un acuerdo con sus acreedores. Se requiere el apoyo del 60%. La parte positiva es que se paraliza la ejecución de facturas y es una fase más rápida.

Lo cierto es que no hay muchos profesionales que quieran dedicarse a la mediación. Una labor voluntaria, que para el profesional no supone grandes emolumentos, pero que para el deudor es costoso. Las tarifas no están fijadas por ley, como es en el caso de la segunda fase, y el abogado le puede cobrar lo que quiera. «Sale más caro el collar que el perro», sentencia Celia Ferrero, vicepresidenta de la ATA.

«La realidad es que la mayoría de los autónomos no recurre a esta opción, sino puede liberarse del crédito público y bancario», afirma Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

De no lograr un acuerdo tendrá que declararse en quiebra, técnicamente, concurso de acreedores.

En esta segunda etapa, el proceso se judicializa. Se asigna un administrador concursal. Como no ha habido acuerdo de quitas y esperas con los acreedores, se pasa directamente a liquidación (más información sobre cómo solicitar un concurso de acreedores en la siguiente información). Todos los bienes del deudor se ponen en venta. Lo que se obtenga servirá para pagar a los acreedores privilegiados, es decir, toda deuda con la Administración Pública, la hipoteca y los créditos contra la masa -aquellos gastos generados durante el concurso, como es la minuta del administrador concursal-. Si queda alguna cuantía pendiente, se irá devolviendo en un plan de pagos de no más de cinco años. El resto de facturas serán condonadas.

Si el deudor no acudiese a un acuerdo extrajudicial y fuera directamente al concurso, tendrá que abonar el 25% de las deudas con los acreedores ordinarios y subordinados. A saber, la empresa de telefonía, la eléctrica, proveedor….

Barreras

El procedimiento está encorsetado en una ley diseñada para la suspensión de pagos de empresas. En este sentido, el privilegio del crédito público es un «sin sentido», para los expertos. Algo que no ocurre en países vecinos. Ciertamente, la mayor parte de las deudas de los autónomos suelen ser precisamente con Hacienda y Seguridad Social. «Debería considerarse como una deuda más, susceptible de ser condonada, sino es imposible que se levante cabeza», dicen. Las fuentes consultadas coinciden que únicamente es una alternativa factible para los grandes patrimonios.

Una vez terminado el proceso, el remanente de deuda permanece latente durante cinco años en una seudo lista de morosos. Es un archivo concursal no público, pero si uno quiere volver a empezar, la mancha puede ser consultada por las partes implicadas, lo que puede complicar la vuelta a la actividad emprendedora. Es más, si en ese tiempo recibe una herencia, donación o le toca la lotería, esa deuda resurge para ser liquidada. Anteriormente también se incluían los ingresos obtenidos como asalariado. Un “sin sentido”, ya corregido.

Ante este escenario, ¿qué opciones le quedan al particular y al autónomo? Al primero, renegociar con su banco o reunificar deudas; al segundo, echar el cierre arrastrando de por vida esa deuda.

G. Gonzalez

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